Mientras Apple se rodea de abogados especializados, el Senado prepara una ley que penaliza a quien se niegue a descifrar dispositivos
Mientras cada vez más voces de todos los ámbitos se unen respaldando la postura de Apple de no prestar ayuda al FBI bajo mandato judicial en el caso del iPhone bloqueado de uno de los tiradores de los atentados de San Bernardino, la compañía se está rodeando de abogados especializados en derechos civiles para hacer frente a una batalla que no ha hecho más que empezar. Apple tiene de plazo hasta el próximo martes 23 para responder formalmente a la orden judicial, ya que la respuesta pública y origen del debate no tiene carácter jurídico.
Mientras, el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos está preparando un proyecto de ley que impone sanciones penales a las empresas que se nieguen a descifrar los dispositivos de los usuarios a instancias de las autoridades.
Se desconoce cuantos legisladores respaldarían una ley así y hasta qué punto prosperaría en una votación del Senado, pero es posible que se trate de una modificación de la denominada y polémica Communications Assistance for Law Enforcement Act impuesta en 1994. Esta ley sugiere que las empresas deben desarrollar sus sistemas de comunicación de manera que las fuerzas del orden sean capaces de acceder a ellos mediante una orden judicial.
Según el Wall Street Journal, esta ley -o reforma de la actual- está siendo impulsada por el Presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el republicano Richard Burr, un defensor de obligar a las empresas a trabajar más estrechamente con las agencias gubernamentales a acceder a datos en dispositivos bloqueados. Una ley similar se fraguó a finales del año pasado en forma de proyecto que obliga a las empresas de medios sociales a informar de actividad terrorista. Facebook o Twitter por poner sólo dos ejemplos estarían afectados por esta ley, que tampoco está terminada.
Adam Schiff, el representante demócrata en la Cámara de Representantes del Comité de Inteligencia, cree según Reuters que darle a toda la problemática un enfoque legislativo no es deseable, aunque los acontecimientos aceleran el tener que sopesar cómo hay que afrontar estos casos ahora y en el futuro.
El Comité Judicial de la Cámara tiene previsto celebrar una audiencia sobre el cifrado el 1 de marzo y ha invitado a Apple a asistir.
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