Apple y otros gigantes tecnológicos escriben al congreso estadounidense para cambiar las leyes de vigilancia
Varios gigantes tecnológicos, con Apple entre ellos, han unido esfuerzos con diversas organizaciones de libertades civiles y han redactado una carta abierta al congreso estadounidense con el objetivo de poner fin a la recopilación de datos a granel.
El escrito insta a cambiar la denominada Ley Patriota y restringir las operaciones de vigilancia masiva.
La denominada Ley Patriota estadounidense traza las leyes que bajo la premisa de la seguridad nacional dan bastante manga ancha en la obtención y recopilación de datos personales mediante vigilancia y, en muchos casos, los límites no terminan de estar claros. Lo que sí parece estar claro es que los límites legales se han traspasado con creces, según se puede extraer de las revelaciones del ex-contratista de la NSA Edward Snowden, denunciando que gobiernos, empresas y particulares somos como libros abiertos a los ojos de algunas agencias.
La carta en cuestión (aquí en PDF) insta a los legisladores a revisar la Ley Patriota y restringir las acciones de vigilancia en masa. Los firmantes entre otros son, además de Apple, Facebook, Google, Microsoft o Yahoo, además de la Electronic Frontier Foundation y Human Rights Watch.
La misiva es en cierto modo una versión más directa y severa que una similar que se mandó a finales del 2013. Llega al congreso en un momento clave, ya que el próximo 1 de junio caduca el artículo 215, que ofrece protección jurídica a las agencias para recopilar datos sin orden judicial. Se trata de una oportunidad única para propiciar, según la carta, un «final claro, fuerte y eficaz a las prácticas de recolección a granel de datos» pero se requiere de una reforma integral y completa de la ley y la inclusión de salvaguardas de privacidad del usuario.
También se apunta la necesidad de elaborar un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas y no sólo a nivel gubernamental, sino también aplicable a empresas del sector privado. Los firmantes también solicitan un «régimen de desclasificación de las decisiones del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.»
Algunas empresas alegan que los consumidores estadounidenses y foráneos podrían dejar de usar sus productos por temor al espionaje del gobierno. Las cifras por productos no vendidos por este motivo podría ascender a miles de millones de dólares.
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