Las autoridades insisten en su lucha contra la encriptación en los smartphones

El tema de la seguridad de los datos contenidos en un smartphone se ha convertido de un tiempo a esta parte en un tema de enfrentamiento entre los fabricantes de estos dispositivos, con Apple como cabeza de lanza de esta postura, y las autoridades gubernamentales, que abogan por que exista una manera de acceso a esos datos por cuestiones de seguridad nacional.

Y precisamente en esa línea de pensamiento se enmarca una nueva propuesta de Ley del Congreso de los Estados Unidos que, sorprendentemente, se aleja de la postura tradicional para intentar que ninguna iniciativa estatal que pretenda prohibir las ventas de smartphones con sistemas de encriptación pueda tener éxito.

La iniciativa ha sido propuesta por Ted Lieu, representante demócrata por el Estado de California y por Blake Farenthold, representante republicano por el Estado de Texas y que, como hemos comentado, pretende evitar que las iniciativas separadas de los diferentes Estados de la Unión puedan conseguir prohibir en su territorio la venta de smartphones que no se puedan desbloquear por requerimiento judicial.

Si el proyecto logra ser aprobado por el Senado y por el Congreso, convirtiéndose en Ley, podría sentar un precedente que regule de una vez por todas la actitud de las autoridades respecto al tema de la seguridad del usuario frente a la seguridad de la mayoría, piedra de toque en el enfrentamiento entre los defensores de ambas posturas.

Así, lo que se bloquearían entonces serían las dos propuestas presentadas por representantes de California y de Nueva York, que coincidían en obligar a los fabricantes de cualquier smartphone que se venda en ambos Estados con posterioridad al 1 de Enero de 2017, o al desarrollador de su Sistema Operativo, a permitir desbloquearlo o desencriptarlo si así lo requiere la policía o un Juez.

De no ser así, podrían verse obligados a pagar multas de 2.500 dólares por cada dispositivo que violase esta normativa.

Parece que las fronteras entre políticos y fabricantes se vuelven más laxas, algo normal en un tema tan peliagudo como este donde esas supuestas «puertas traseras» que las autoridades se meren atribuir podrían acabar siendo utilizadas por esos mismos delincuentes a los que se busca combatir.

Desde luego, no creo que la solución para llegar a una sociedad más segura pase por la anulación de la privacidad de los individuos que la conforman.

Vía | Ars Technica

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